Dar nombre a desaparecidos en México, un trabajo de la sociedad para devolverles la identidad
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2017-11-13 / Al invisibilizar el nombre de las personas desaparecidas, el gobierno federal les quita identidad, las desaparece por partida doble, señala Data Cívica.
Animal Político / CDMX
En febrero de 2013, dos meses después de concluido el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto publicó una base de datos de personas desaparecidas y extraviadas con 24 mil 957 registros.

Desde entonces el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) se actualiza, depura y publica de manera periódica en la página de la Secretaría de Gobernación (Segob) con un total de 33,482 casos en su versión más reciente de junio de 2017, divididos en dos categorías: “Fuero Común”, la que contiene la mayoría de los casos, 32,277; y “Fuero Federal” con 1205 casos.

A pesar de que la base se creó como una herramienta de alcance nacional para incorporar todos los casos de personas desaparecidas denunciadas ante las autoridades, es un registro con muchas deficiencias, la primera de ellas, dice Mónica Mentis, directora ejecutiva de Data Cívica, es la ausencia de nombres de las personas en los registros.


“Ahorita, como está la base deshumaniza muchísimo a las personas. Desde que se inició con Data Cívica hemos trabajado con los datos del RNPED, en sus diferentes olas (actualizaciones y depuraciones), y en ese proceso nos hemos dado cuenta que como está publicado no es útil en términos de búsqueda de personas, pero tampoco de verdad y justicia. Uno de los elementos importantes para que esto suceda es que estén los nombres de las personas publicados”.

Y agrega: “es horrible reconocer que hay una doble desaparición de las personas, primero desaparecen físicamente, y luego el Estado no se encarga de darle seguimiento a sus casos e invisibiliza sus nombres, y al invisibilizar los nombres les quita identidad y humanización de las personas”.

Desde hace dos años Data Cívica se dio a la tarea de reconstruir esa base de datos utilizando para ellos tres registros públicos: el padrón de beneficiarios de Sedesol, el padrón del IMSS y el propio RNPED, y regresar a las personas registradas el nombre que el gobierno les ha negado al publicar la información con la casilla respectiva vacía.

En este momento la base de datos oficial puede descargarse desde la página de la Segob. El registro ofrece información en mayor o menor medida sobre fecha de desaparición, estado, municipio y localidad, género, y algunas características, pero nada del nombre.

“Lo que nos ha dicho la autoridad en respuesta a solicitudes de información –explica Mónica— es que se trata de un asunto de protección de datos personales. Aunque la PGR nos dijo, en una solicitud, que no publican esos datos porque no están obligados por ley a hacerlo. Es un asunto curioso porque algunas procuradurías como la del Estado de México y Tamaulipas sí publican datos con nombres”.

La propia autoridad federal lo hace, pero sólo en los casos catalogados como del Fuero Federal. En esa lista se encuentran, por ejemplo, los casos de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre.

En esos casos, dice Mónica “hubo un amparo que alguien interpuso, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció porque se publicaran los nombres”, pero la orden de la SCJN no alcanzó para que se hiciera lo mismo con la base de datos del Fueron Común, la que contiene el 96.4% de los casos.

“En Data Cívica, y las organizaciones con las que trabajamos el sitio personasdesaparecidas.org.mx creemos que el tema de máxima publicidad debería imperar sobre el tema de datos personales, especialmente en este caso, es ridículo pensar que puedes encontrar una persona sin tener su nombre. Pero además regresa la responsabilidad completa a los familiares de las víctimas, por que ahorita sólo puedes buscar en el RNPED si tienes el nombre y eso significa que quienes conocen el nombre solo son las familias o las organizaciones locales”, explica Mónica.

Al proyecto se sumaron más de 12 organizaciones, entre ellas el Movimiento por nuestros desaparecidos México, Fundar, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Serapaz y Enjambre Digital, y medios como Animal Político.

“Lo que hicimos fue adelantarnos uno o dos años –cuenta Mónica— porque la Ley General de Desaparecidos ya incluye la obligación de publicar los nombres”.

La ley no ha sido publicada en el Diario Oficial, con lo que su decreto de creación no entra en vigor hasta que se cumpla ese formalismo.

Lo aprobado por los diputados establece la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de personas que incluye una comisión y un nuevo RNPED, entre otros herramientas de búsqueda, pero hasta el momento dicho sistema carece de presupuesto.

Para 2018 se cuenta en el Presupuesto de Egresos con una partida por 186 millones de pesos para “Acciones en materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares, así como Búsqueda de Personas” asignada a la Segob y otra de 286 millones para el mismo rubro pero catalogada como “Subsidios a las entidades federativas”, 8.6 millones de pesos en promedio por entidad federativa.
 
 
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